Argentina: el déficit de rutas, energía y agua condiciona competitividad y seguridad

El déficit de infraestructura en Argentina se convirtió en un cuello de botella para la competitividad productiva, en especial frente a la apertura comercial. Los altos costos y la baja confiabilidad del transporte y la energía se suman a otros factores macroeconómicos, pero requieren, en particular, grandes inversiones en obras físicas y equipamiento, con plazos de maduración largos.

La infraestructura abarca redes viales y ferroviarias, aeropuertos, puertos, hidrovías, energía eléctrica y gasífera, comunicaciones, provisión y tratamiento de agua, cloacas y sistemas de drenaje e inundaciones. En el país, el atraso es marcado en ferrocarriles y red caminera, clave para industria, minería y agricultura. Los granos dependen del camión, más costoso, mientras más del 50% de la red vial está en mal estado y se agrava la congestión. La Academia Nacional de Ingeniería calcula que al menos 4000 km de rutas deberían convertirse en calzadas divididas o autopistas, y la Cámara Argentina de la Construcción estima en 40.700 millones de dólares el costo de poner toda la red vial existente en buen estado, sin sumar capacidad.

El sistema eléctrico opera al límite, con interrupciones que obligan a empresas y servicios esenciales a instalar autogeneración, encareciendo su operación. Solo el 53% de la población urbana accede a gas natural por redes, con fuerte déficit en el nordeste. El agua potable muestra avances, pero las cloacas llegan apenas al 61% de la población urbana y el tratamiento de efluentes es aún más restringido, con impacto directo en salud y ambiente.

En el sistema portuario, el ingreso del capital privado en los años 90 mejoró la operación, pero persisten márgenes de eficiencia ligados a regulaciones laborales y a la Hidrovía, cuyo nuevo concesionamiento prevé mayores profundidades para reducir costos de transporte. Sin embargo, la experiencia de privatizaciones mostró que el congelamiento tarifario y la expansión de subsidios deterioraron operación e inversiones, generando dependencias fiscales y desvíos difíciles de controlar.

La inversión estatal en infraestructura para 2026 incluye recursos canalizados por la administración nacional y tres fondos fiduciarios: Sistema de Infraestructura de Transporte, Infraestructura Hídrica y Energías Renovables, por 4,58 billones de pesos (0,44% del PBI). Las empresas públicas, entre ellas YPF, prevén invertir alrededor del 1% del PBI, y los gobiernos provinciales algo más, llevando la inversión estatal total en infraestructura a cerca del 2% del PBI, excluyendo el nivel municipal.

Según parámetros del Banco Mundial para países en desarrollo, la inversión necesaria debería ubicarse entre 4 y 5% del PBI. Esto implica que el sector privado debería aportar entre 2 y 3% adicional del PBI, es decir, entre 14.000 y 20.000 millones de dólares anuales, mediante esquemas de inversión privada, público-privada o nuevas privatizaciones, para revertir el atraso en rutas, ferrocarriles, energía, agua y saneamiento, y acompañar un escenario de crecimiento con mayor resiliencia frente a eventos climáticos e hídricos.