San Isidro será querellante por obras de vivienda inconclusas del Plan Federal en el barrio Martín y Omar

La Cámara Federal de Casación Penal habilitó a la Municipalidad de San Isidro a intervenir como querellante en la causa que investiga presuntas irregularidades en la licitación, ejecución y construcción de viviendas del Plan Federal de Viviendas, lanzado en 2005. El expediente analiza desvíos de fondos, pagos indebidos y obras inconclusas en proyectos habitacionales desarrollados mediante convenios entre el Estado nacional, la provincia de Buenos Aires y el municipio.

Las obras cuestionadas se enmarcan en el “Subprograma de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios”. El convenio suscripto en 2008 establecía que San Isidro debía elaborar los proyectos, confeccionar y adjudicar las licitaciones de obra pública, supervisar la ejecución y gestionar el pago de certificados de avance a las empresas constructoras. Además, el municipio se comprometía a aportar fondos propios para cubrir diferencias económicas que superaran el financiamiento nacional, con el objetivo de asegurar la finalización de las viviendas dentro de los plazos acordados.

Uno de los focos principales de la investigación es la urbanización del barrio Martín y Omar. Allí se había previsto la construcción de 250 viviendas, pero según los datos incorporados al expediente solo se habrían ejecutado entre 43 y 44 unidades, quedando el resto inconcluso. Los trabajos se habrían paralizado alrededor de 2007, pese a que los fondos para el programa ya habían sido asignados, lo que dejó sin resolver el déficit habitacional y de infraestructura básica previsto en el proyecto original.

La hipótesis fiscal indica que en las maniobras habrían intervenido funcionarios municipales de distinta jerarquía, empresas contratistas y otros terceros. Se investigan posibles delitos contra la administración pública, entre ellos fraude en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de deberes de funcionario público y falsedad ideológica. Según planteó el municipio, las presuntas irregularidades afectaron no solo recursos nacionales sino también las arcas locales y el uso de personal, equipos y estructura administrativa municipal.

Al admitir la participación de San Isidro como querellante, la Sala IV de Casación consideró acreditado un daño propio, directo y diferenciado para el municipio, derivado de obras públicas de vivienda no concluidas o ejecutadas de modo irregular. El tribunal destacó que cuando se ven comprometidos bienes que pertenecen a toda la comunidad local, la administración municipal tiene legitimación para intervenir activamente en el proceso penal, con el objetivo de que se investigue y sancione el eventual desvío de recursos destinados a resolver necesidades habitacionales y de urbanización.