Licitación de la hidrovía Paraná-Paraguay: cómo se redefine el principal corredor exportador

La Vía Navegable Troncal Paraná-Paraguay, eje del comercio exterior argentino, atraviesa un nuevo proceso de concesión tras el vencimiento en 2021 del contrato de Hidrovía S.A., consorcio integrado por la belga Jan De Nul y la argentina Emepa. El proyecto de crear una empresa estatal para gestionar el sistema quedó atrás y hoy el control del dragado y balizamiento se define en una licitación entre tres grupos privados extranjeros.

El proceso, a cargo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), se inició formalmente el 27 de febrero con la apertura del primer sobre, donde los oferentes presentan antecedentes legales, financieros y técnicos, además de una garantía de mantenimiento de oferta por US$ 20 millones. En una segunda instancia se evaluará el plan de obras e inversiones y, luego, las propuestas económicas, por lo que la adjudicación no se prevé antes de mayo.

Compiten dos grandes dragadoras belgas —Jan De Nul y DEME— y la brasileña DTA Engenharia, que podría ser descalificada por no cumplir con la garantía exigida. El servicio licitado incluye el dragado para profundizar el canal y el balizamiento que permite la navegación segura, en un sistema clave para reducir costos logísticos y mejorar la competitividad de las exportaciones, ya que la profundidad disponible define cuánto pueden cargar los buques en los puertos fluviales.

El pliego incorpora bandas tarifarias, con un piso recomendado por la UNCTAD para evitar ofertas temerarias. El peaje previsto bajaría inicialmente de US$ 4,30 a US$ 3,80 por TRN y luego subiría 44% en una segunda etapa, acompañado de obras para permitir buques de mayor porte. Usuarios del sistema señalan que una mayor profundidad podría reducir la necesidad de completar carga en puertos marítimos de Argentina o países vecinos, aunque especialistas cuestionan que las metas de profundización no eliminarían del todo ese sobrecosto.

También se debate el esquema de evaluación, que otorga 40% del puntaje a antecedentes y requisitos técnicos y 60% a la tarifa. Según críticas recogidas en el sector, ese diseño podría favorecer a la operadora histórica de la hidrovía. Tras una licitación anulada en 2025 por impugnaciones y denuncias cruzadas, el actual proceso busca consolidarse con auditoría técnica internacional y la participación simultánea de tres jugadores del dragado a escala global.