Rescisión de contrato en la Peatonal San Martín de Mar del Plata: Istria SA deberá devolver $260 millones por obra inconclusa

La Municipalidad de General Pueyrredon rescindió el contrato con Istria SA para la ejecución de la obra ‘Prioridad Peatón Microcentro’, que contemplaba la renovación integral de distintos tramos de la Peatonal San Martín. La decisión fue formalizada mediante el Decreto 1592/26, que atribuye la rescisión a ‘exclusiva culpa’ de la contratista.

El proyecto tenía un plazo de 281 días corridos y debía estar terminado el 16 de diciembre de 2024. Sin embargo, al vencimiento del plazo contractual el avance acumulado era de apenas el 47,19%, y desde entonces no se registraron nuevas tareas ejecutadas, según el informe de la Inspección de Obra incorporado al expediente.

La obra había sido adjudicada a Istria SA tras un segundo llamado a licitación. En agosto de 2023 la empresa presentó una oferta de $488.857.126, frente a un presupuesto oficial de $320.736.849 calculado a marzo de ese año. El Municipio encuadró la propuesta dentro de los parámetros legales mediante la actualización por el Índice del Costo de la Construcción del Indec.

El proyecto contemplaba elevar el nivel de la calzada al de las veredas en el tramo frente a la Catedral, ampliar veredas, instalar pavimento intertrabado, bolardos, iluminación nueva, baldosas podotáctiles y cestos de residuos, además de obras de adecuación de desagües y hormigón reforzado en intersecciones. En el tramo entre Mitre y San Luis se preveía la reconstrucción del mural de los pañuelos blancos y la renovación del macetero central. En las cinco cuadras entre San Luis y Entre Ríos, se proyectaba reemplazar los decks de madera por otros de PVC.

Tras rechazar un recurso jerárquico presentado por la empresa, el Municipio intimó a Istria SA a restituir el anticipo financiero no invertido, por un total de $260.613.342,12, más los intereses generados desde el 13 de noviembre de 2025 hasta su efectivo pago. La administración quedó habilitada para compensar ese monto con créditos, garantías retenidas o liquidaciones pendientes, y para iniciar acciones judiciales si la empresa no cumple en forma voluntaria.