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Obra pública con transparencia

13/10/2016 |

Desde diciembre, se puso en marcha desde el Ministerio del Interior el plan más ambicioso de inversiones públicas y privadas de los últimos 50 años, que no podrá llevarse a la práctica sin un sustancial cambio en las reglas de juego para la contratación y gestión de las obras.

Por: Ricardo Delgado, subsecretario de Coordinación de la Obra Pública Federal del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.

A partir de diciembre, la administración Macri abrió una nueva etapa, centralmente opuesta a la de los últimos años para la infraestructura argentina. Pusimos en marcha, desde el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, que conduce Rogelio Frigerio, el plan más ambicioso de inversiones públicas y privadas de los últimos 50 años, que no podrá llevarse a la práctica sin un sustancial cambio en las reglas de juego para la contratación y gestión de las obras.

Ausencia de inversiones, corrupción, falta de competencia han sido las constantes en los últimos tiempos, dejando clara la necesidad de un nuevo régimen sectorial. En un comienzo debimos ordenar y esclarecer circuitos administrativos complejos, diseñados para dejar en las sombras lo esencial de las obras, retrasando la ejecución presupuestaria.

También desde el primer día comenzamos a diseñar el nuevo escenario de reglas e incentivos para la infraestructura. Implementamos un esquema más ágil para actualizar los precios de las obras, con los índices confiables del INDEC reformado. Y comenzamos a flexibilizar el acceso a las licitaciones, con la posibilidad de obtener gratis los pliegos de bases y condiciones, que hasta no hace mucho se pagaban.

Este proceso se cristalizará con el envío al Congreso de un proyecto de Ley de Transparencia y Buenas Prácticas para las obras del Estado nacional, que busca evitar que se repitan prácticas corruptas, mecanismos anticompetitivos y pocos jugadores en las obras.

El proceso de redacción de la norma ha sido multidisciplinario y contó con los aportes de todas las áreas de gobierno que ejecutan obras y también de aquellas que se encargan de auditar y controlar los actos públicos. A la vez, hemos considerado las mejores prácticas internacionales en transparencia y buenas prácticas (OCDE, BID, Convención de la ONU contra la Corrupción, Convención Interamericana contra la Corrupción, Banco Mundial, etc.).

El objetivo de alcanzar mayores estándares de transparencia lleva a hacer pública la información vinculada a las obras, garantizando el acceso a la información. Se establece la publicación online de los actos administrativos, tanto durante el proceso licitatorio como en la ejecución de las obras.

También buscamos combatir la concentración de obras en grupos reducidos de empresas. Queremos más pymes que innoven, que se articulen con las grandes, que incorporen estándares modernos de eficiencia. Por ello, a la transparencia debemos sumarle más competencia, con un nuevo registro de constructores que califique bajo estándares modernos a las empresas, la gratuidad de los pliegos licitatorios y la participación, en distintas instancias, de los órganos que regulan la defensa de la competencia.

Licitaciones transparentes y competitivas y un seguimiento en tiempo real de cada obra son instrumentos necesarios pero no suficientes para atacar el principal mecanismo de corrupción: los sobreprecios o las ofertas hostiles. Por ello, iremos a licitaciones con presupuestos oficiales al mayor grado posible de detalle y con incentivos para que las ofertas no excedan ni estén sustancialmente por debajo de esos presupuestos. Las nuevas reglas alcanzarán también a los funcionarios públicos que integren comisiones de adjudicación de obras; deberán informar si fueron dependientes, socios u accionistas de empresas constructoras, debiéndose excusar en esos actos.

 

Fuente: Clarín

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