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Un consorcio liderado por IRSA se quedó con el nuevo Centro de Convenciones de la Recoleta

LPO Fueron los únicos oferentes de la licitación internacional que organizó la Ciudad.

El flamante Centro de Convenciones de la Recoleta ya tiene operador. Se trata de una UTE liderada por IRSA y conformada por La Rural SA, OFC SRL, Ogden Argentina y Entretenimientos Universal Argentina SA, que resultaron los únicos oferentes de una licitación internacional organizada por el gobierno porteño.

Sólo resta la confirmación oficial del gobierno, pero según establece el pliego licitatorio, la UTE se encargará del mantenimiento y equipamiento del nuevo predio por 15 años a cambio del pago de un canon de 1,25 millones de pesos por mes actualizables. Pero por 22 meses esa cifra podría ser aún menor, ya que el gobierno porteño corrigió el pliego original y contempló reducir el monto hasta la mitad por la construcción de la nueva traza de la autopista Illia que pasará por la zona, ocasionando las molestias previsibles.

El desarrollo de la obra fue realizado por la constructora CRIBA y el diseño quedó a cargo del arquitecto Edgardo Minond. El gobierno porteño entregará una obra casi terminada y el concesionario deberá instalar el mobiliario y los sistemas de imagen y sonido. Por eso está previsto que el Centro de Convenciones empiece a funcionar este año.

El lugar tiene capacidad para 5000 personas y más de 18 mil metros cuadrados de parque y está ubicado en una zona privilegiada que en pocos meses tendrá además una bajada directa de la nueva Autopista Illia. Según calculan en la Ciudad, el Centro podría generar ingresos indirectos por más de 76 millones de dólares. El predio tiene una particularidad: la mayor parte de la superficie está bajo tierra, lo que permitió extender el parque Thays que bordea la avenida Libertador.

Al no tener una confirmación oficial, desde la empresa prefirieron no anticipar a LPO que tipo de eventos podría llegar a albergar al centro. Según consta en el Decreto Nº 222/GCABA/17, publicado el 22 de junio, «en el Acto de Aperturas de ofertas, presentó únicamente su propuesta la firma La Rural S.A. – OFC S.R.L. – Ogden Argentina S.A. – Entretenimiento Universal S.A. Unión Transitoria», que desde el gobierno porteño consideraron «cuatro empresas con expertise en el rubro».

En mayo de 2016 la Legislatura había aprobado la cesión por 15 años del «predio delimitado entre el Parque Thays y la Plaza República Federativa de Brasil», más conocido como el nuevo Centro de Exposiciones. La obra le costó a la Ciudad más de 450 millones de pesos y por eso la decisión de entregarla a un concesionario tuvo numerosos detractores.

La licitación del predio quedó a cargo del Ente de Turismo que está bajo la órbita del Ministerio de Modernización que conduce Andy Freire. Por su pasado como miembro del directorio de IRSA, Freire decidió excusarse de participar en el concurso, cuya evaluación quedó en manos de Karina Perticone, Maria Isabel Pérez, Pablo Dirroco, Alfredo Fragueiro y Gonzalo Robredo.

La reducción del canon causó una controversia con la oposición. Desde el bloque ECO, que responde a Martín Lousteau apuntaron contra el gobierno porteño y tildaron de «poco razonable» la medida. El legislador Juan Nosiglia había presentado a fines de abril un pedido de informes para que el Ejecutivo explique «las posibles causas que motivarían una reducción del canon correspondiente» a los futuros concesionarios del centro.

 

La legisladora de Evolución, Inés Gorbea.

«El canon de por sí es bajo, no entiendo por qué debería bajar más aún», cuestionó la legisladora María Inés Gorbea. Según argumentó Felipe Miguel en la Legislatura porteña en su último informe y funcionarios porteños aseguraron a LPO que la nueva traza de la Illia cambiaba las condiciones del pliego licitatorio.

«La obra de la nueva traza de la Vía Rápida Illia, aprobada por la Ley Nº 5.733, genera restricciones en la entrada y salida de proveedores. Por esa razón, se estableció mediante un decreto que el canon podrá reducirse hasta un máximo de un 50 por ciento mientras dure la obra. El cambio es necesario para no perjudicar el proyecto de los oferentes, que no tenían previsto esta obra», afirmaron.

«Algunos comerciantes se vieron perjudicados por la construcción del Metrobús o son perjudicados en forma permanente por los pasos subterráneos y sin embargo el gobierno no implementó ninguna medida similar», se quejó Gorbea.

Fuente: La Politica on Line

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