Rutas. Sin expectativa de que se hagan, piden la devolución de las garantías  

Dos consorcios adjudicatarios de obras paralizadas reclaman recuperar garantías por cerca de US$75 millones

Fueron la gran promesa frustrada de la obra pública durante la gestión de Cambiemos. Seis grandes corredores viales licitados y adjudicados mediante el sistema de Participación Público Privada (PPP) que prometían más de 7500 nuevos kilómetros de rutas nacionales sin echar mano de los fondos del Tesoro. Ahora, frente a la paralización de los proyectos por la dificultad para acceder a financiamiento y la baja probabilidad de que se reanuden, algunas empresas comenzaron a accionar judicialmente para intentar salvar los millonarios montos en dólares que depositaron en concepto de garantías al momento de firmar el contrato.

El reclamo judicial fue presentado este mes por los consorcios Corredor Panamericano I SA y Corredor Panamericano II SA, ambos integrados por la empresa Helport -perteneciente al grupo empresario de Eduardo Eurnekian-, Panedile, Eleprint -del expresidente de la Cámara de la Construcción, Gustavo Weiss- y la española Copasa. A estos consorcios se les adjudicó en julio de 2018 el diseño, construcción y explotación comercial del «corredor vial E» (390 km entre Buenos Aires y Santa Fe) y «corredor vial F» (635 km entre Santa Fe y Córdoba) de la etapa inicial del proyecto «Red de Autopistas y Rutas Seguras PPP».

Tras dos años sin avances significativos y con el argumento de que los incumplimientos responden a situaciones «ajenas» a ellos -citan una profunda crisis en el país, la devaluación de la moneda y la restricción de acceso al financiamiento internacional- los consorcios solicitaron al Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°6 que dicte una medida cautelar mediante la que se ordene a la Dirección Nacional de Vialidad suspender la obligación de mantener distintas garantías de cumplimiento del contrato. Solo en el caso de una de las garantías, proponen sustituirla por un seguro de caución en pesos.

Las garantías funcionan como una herramienta de resguardo para el Estado, que puede hacer valer cuando detecte un incumplimiento en los plazos o términos del contrato, tal como había amenazado incluso el exministro Guillermo Dietrich a fines de 2018, cuando instigó a las empresas a dar inicio a las obras aunque sea con fondos propios.

El reclamo de las empresas constructoras fue parcialmente concedido por el juez Enrique Lavié Pico, que dispuso sustituir las garantías de cierre financiero y servicios principales por un seguro de caución por la misma suma, pero convertida a pesos de acuerdo a la cotización oficial. Así, y en un marco en que las empresas temen que el Gobierno decida dar por terminados los contratos y ejecutar las garantías, ya tienen comprometido un seguro en pesos y no los dólares entregados en primer lugar.

Los montos en juego no son para nada despreciables. En el caso del Corredor I, las garantías entregadas al Estado suman un monto de US$47.310.596 y, en el caso del Corredor II, ascienden a US$27.469.845. Es decir, casi US$75 millones entre ambos contratos.

Fuentes del Ministerio de Obras Públicas adelantaron que apelarán el fallo del juez Lavié Pico, que hizo lugar parcialmente al pedido de las constructorasFuentes del Ministerio de Obras Públicas adelantaron que apelarán el fallo del juez Lavié Pico, que hizo lugar parcialmente al pedido de las constructoras Fuente: LA NACION – Crédito: Silvana Colombo

El Gobierno teme que este pedido judicial genere una ola de reclamos empresarios en el mismo sentido. Por eso, consultados por LA NACION, fuentes del ministerio de Obras Públicas aseguraron que apelarán la decisión de la Justicia , a la que consideraron «confusa» y «errática». «Desde nuestro punto de vista es errónea y ha agraviado al Estado Nacional», añadieron.

Los proyectos adjudicados vía PPP nunca lograron arrancar. En julio de 2018 se firmaron los primeros contratos y tras la crisis financiera desatada ese mismo año y el estallido de la causa de los cuadernos, que enrareció las gestiones y salpicó a algunos de los grandes nombres involucrados en los proyectos, apenas comenzaron a moverse. En medio de la parálisis, en julio de 2019 el gobierno de Cambiemos decidió prorrogar la fecha de cierre financiero mediante una adenda.

Cuando el futuro de estos proyectos es todavía una incógnita, en la cartera que conduce Gabriel Katopodis aseguran que los contratos se encuentran «en constante y periódico análisis». «Las alternativas a considerar son las que establecen las limitantes de los propios contratos», dicen, herméticos sobre la probabilidad de rescindirlos y ejecutar las garantías.

Fuente: La Nación