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PPP: puja por las garantías

A más de dos meses del inicio de las negociaciones para rescindir los seis contratos adjudicados bajo la modalidad de Participación Público Privada ( PPP), el Gobierno nacional aún no encontró el camino para una salida consensuada con las constructoras ganadoras, que pujan por recuperar las garantías y su costo, mientras las obras en los corredores siguen paralizadas.

Tal como había informado LA ARENA, el Ministerio de Obras Públicas tomó la decisión de desmantelar el invento macrista del esquema Participación Público Privada (PPP) por el incumplimiento de las empresas que están a cargo de los seis corredores viales. Sin embargo, consignó BAE Negocios, busca hacerlo de común acuerdo con las empresas, a las intimó a que aumenten las garantías del 2% al 2,5%, según había estipulado la adenda del 2019 y cuyo objeto fue «mantener vivos» los proyectos, explicaron desde la cartera.

De esta manera, intentaron forzar un entendimiento. «La pelota ahora la tienen ellos y no van a querer sumar otro incumplimiento», apuntaron fuentes oficiales al medio porteño, en referencia a la bajísima ejecución que mostraron hasta ahora los proyectos, ubicada en torno al 2% promedio.

Entre los proyectos se encuentra la construcción del «Corredor B», que comprende la ruta nacional 5, a cargo de China Construction América SA junto a Green SA. Las obras no avanzaron y, todo parece indicar, que quedará en solo una promesa.

Dicho proyecto iba a unir la localidad bonaerense de Luján con la ciudad de Santa Rosa. Allí, se contemplaba un tramo de 564 kilómetros, que incluye la construcción de autopista entre Mercedes y Bragado y entre Anguil y Santa Rosa; la transformación en ruta segura del tramo entre Bragado y Anguil, la segunda circunvalación a Santa Rosa y obras de repavimentación entre Luján y el empalme con la RN 35.

 

Del otro lado

Sin embargo, desde el otro lado, las compañías tampoco están dispuestas a continuar con los contratos y en ese marco es que quieren que el Estado las habilite a recuperar las garantías con sus costos, estimados en unos 20 millones de dólares por corredor. Según aclararon a BAE desde el sector privado, los empresarios no están interesados en mantener los peajes ni encargarse del mantenimiento. Por eso no entienden la movida del Gobierno de solicitar un aumento de las garantías, cuando el objetivo final sigue siendo quitar la concesión.

De ahí que su objetivo consista en obtener la inversión no amortizada y a partir de ahí devolverle al Ejecutivo el control sobre estos seis corredores, que podría relicitarlos bajo la modalidad tradicional o hacerse cargo de la operación y el mantenimiento con la estatal Corredores Viales SA.

Desde una de las empresas involucradas apuntaron a este medio que «Katopodis quiere apostar al diálogo pero desde otras áreas se vuelcan a rescindir todo unilateralmente». En tanto, un representante de una constructora ganadora comentó que el ministro de Obras Públicas «se recontra calentó» con el empresario Eduardo Eurnekian, quien interpuso un recurso judicial para recuperar las garantías que había puesto para los corredores E y F.

Por el momento, las compañías adjudicatarias se encuentran haciendo un mínimo mantenimiento de los corredores, al tiempo que continúan percibiendo los ingresos provenientes de los peajes y las prestaciones comerciales.

 

Beneficios e incumplimientos.

Los contratos firmados incluían la concesión gratuita de la explotación de las áreas comerciales, principalmente las estaciones de servicio para la venta de combustibles y alimentos. De esta manera, los contratistas han estado percibiendo los beneficios producto de las concesiones desde agosto de 2018. «En todo este período, las obras de fondo no han avanzado y las empresas no han conseguido el financiamiento para construir las autopistas. Luego de 20 meses solo se han efectuado inversiones mínimas: 1,3% del total en promedio y 4% como máximo, dependiendo del corredor del que se trate», detallaron en junio a Ámbito desde la cartera de Obras Públicas.

En julio de 2019, el gobierno anterior suscribió una adenda de los contratos PPP, que, de acuerdo a la actual administración, «tuvo como objetivo condonar el incumplimiento de las condiciones básicas de los contratos, fundamentalmente la falta del financiamiento exigido para realizar las obras».

«Actualmente, el nuevo cronograma de avance de obras dispuesto en la adenda tampoco se cumplió y en algunos casos la parálisis es total. Las empresas tampoco han podido realizar el cierre financiero, es decir que el financiamiento privado para las obras sigue sin concretarse, ni han cumplido con el incremento del monto de la garantía de cierre financiero de acuerdo a lo estipulado en los contratos», agregaron en aquel entonces.

Fuente: La Arena

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