Riachuelo: quienes le arrebataron una obra por u$s270 millones a CPC y se la dieron a Impregilo

El manejo del macrismo con el contrato de obra, en el Lote 2 del Sistema Riachuelo, pasó por un proceso ilegal para quitárselo a la constructora CPC, del Grupo Indalo.

En este caso, los “instrumentadores” fueron el expresidente de AYSA, José Figiacone, el exdirector de AYSA, el ingeniero José Luis Inglese y el entonces ministro del Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio, ya que la empresa estatal dependía de su área. Pero también estuvieron en el movimiento oscuro el miembro del directorio de la compañía, José Luis Lingeri y el gerente general de Impregilo, Pietro Salini.

En su objetivo de asfixiar financieramente al Grupo Indalo, Mauricio Macri, funcionarios y algunos sectores marginales de la Justicia desplegaron un “sistema” que ya fue denunciado y está siendo investigado en la Justicia federal para quebrar al Grupo Indalo de Cristóbal López y Fabián De Sousa.

Y sin lugar a dudas, uno de los casos más evidentes es lo que ocurrió con el contrato de obra que la UTE integrada por Esuco y CPC ganó pero que les fue arrebatada bajo extorsión.

El “sistema” que implementó Mauricio Macri en el manejo de la obra pública quedó establecido en trámites administrativos y avalados por resoluciones judiciales cuyo objetivo era desapoderar de contratos y activos a Indalo.

En estos días se conocieron nuevas pruebas del accionar a raíz de las revelaciones surgidas en el teléfono celular de Darío Nieto, secretario privado del expresidente.

La nueva prueba coincide con hechos denunciados en su momento ante la Justicia sobre el accionar del macrismo en contra de Indalo. El texto que corresponde al bloc de notas de Nieto dice: “13 de noviembre de 2018: Impregilo – Italia más fácil xq se presentó en La primera licitación… Ute está reasignando. Proceso judicializado. Se puede cambiar. Espera ok.”.

Este mensaje es una síntesis perfecta de la operación de desapoderamiento de contratos que tenía CPC. Ahora, los asesores legales del Grupo Indalo se presentarán en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, donde se tramita la investigación de las anotaciones de Darío Nieto en su celular. Un libro abierto del accionar perverso de Macri y sus funcionarios.

Indalo requerirá que en base del mensaje que ya forma parte del expediente de Martínez de Giorgi, se solicite información a AYSA y al juzgado federal de Morón.

En el pedido de informes se buscará saber cómo fue la operatoria y que declaren los ejecutivos de AYSA de ese momento como los gerentes de Impregilo.

López y De Sousa pedirán al juez federal que requiera una copia de la investigación sobre la obra en cuestión que instruyó el magistrado en Morón, Jorge Ernesto Rodríguez.

Además, solicite vía judicial que la empresa AYSA responda el cronograma de pagos y de redeterminación de precios que hizo a las otras empresas que realizaron trabajos en el sistema del Riachuelo. De esta manera comparar lo mismo con lo ocurrido con la UTE que conformaba CPC.

Durante su mandato, Macri buscó controlar el manejo de la obra pública y favorecer a empresas ligadas a él, en este caso la italiana Impregilo que entre cosas había sido socia de Sideco en la transportadora de energía Yacylec.

Impregilo

En 2018, Impregilo tenía a cargo la Fase 3 del saneamiento del Sistema Matanza-Riachuelo, junto a Healy y Juan Chediack, procesado en la causa “Cuadernos”. Por su parte, el lote 1 de esa importante obra estaba a cargo del Consorcio CMI Ghella-IECSA, esta última también procesada en la causa “cuadernos” y propiedad del primo de Macri, Ángelo Calcaterra. En este caso el monto ascendía a u$s410 millones, también con inicio en enero de 2015 y un plazo de 65 meses para concluirse.

En tanto que el Lote 2, de la UTE Esuco-JCR-CPC-C&E era de u$s270 millones, con inicio el 15 de junio de 2015 y un plazo de 48 meses para terminarse. Desde el Estado se demoró deliberadamente el pago a la UTE Esuco-CPC por lo que hubo una denuncia ante el Juzgado Federal N° 2 de Morón, el 9 de noviembre de 2018, en la cual se plantearon los innumerables incumplimientos que AYSA había incurrido en el contrato en cuestión y que era el motivo fundamental de la demora en el avance de los trabajos.

La administración macrista de AYSA demoró pagos y se negó sistemáticamente a redeterminar los precios de los trabajos. Mientras tanto, Nieto se ocupaba de operar para que se le quitara el contrato de obra pública y fuera entregada a Impregilo.

El 9 de enero de 2019, el presidente de AYSA, José Figiacone terminaba de fijar las reglas de juego por carta en una suerte de respuesta a la UTE escribiendo que: “Frente a los precedentemente indicado consideramos que, independientemente de la evaluación exhaustiva que será dable realizar en cuanto al cumplimiento de los requisito por AYSA establecido para aprobar la Cesión, la única empresa que reúne las condiciones para reanudar inmediatamente los trabajo y concretar la obra en plan es Impregilo que está ejecutando el denominado Lote 3”. La operación ya estaba cerrada.

El 22 de febrero de 2019, el honesto juez comercial Javier Cosentino, encargado de dictar y rematar bienes de Oil Combustibles en meses a pedido del macrismo, avaló la maniobra de AYSA, controlada por Rogelio Frigerio, para que el contrato pasase a Impregilo.

Macri y sus funcionarios son acusados de participar en una asociación ilícita con el objetivo de desapoderar de activos al Grupo Indalo, encarcelar a sus accionistas (Cristóbal López y Fabián De Sousa) y rematar los activos a precios vil y apoderarse de los mismos. Hicieron todo eso y más, ya que consta en los expedientes judiciales.

Fuente: Ámbito.com

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2 comentarios

    1. Buenas tardes, Carlos.
      Efectivamente, está indicado al pie de la noticia.
      Saludos cordiales.

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