La Cámara de la Construcción asegura que llevará al Gobierno a la Justicia “si no se cumplen los contratos”

El titular Gustavo Weiss dijo que se verá caso por caso, dentro de las 3000 obras públicas que se encuentran licitadas y en ejecución
El presidente de la Cámara de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, aseguró que podrían llevar al Gobierno a la Justicia si se incumplen los contratos de las obras que están ejecución. Explicó que el plan del presidente, Javier Milei, es “muy fuerte” y que se va a “traducir en un proceso inflacionario”. Con respecto a las 3000 obras que se encuentran en ejecución, Weiss adelantó: “Veremos caso por caso”.

Esto sucede luego de que el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, anunciara que el Estado nacional no va a licitar obra pública y cancelará lo que se haya licitado y no haya comenzado todavía. También estableció un recorte en subsidios, pauta oficial, transferencias a provincias y un dólar oficial a $800.

En una entrevista para radio Futurock, Gustavo Weiss opinó sobre las nuevas medidas económicas que implican el recorte de la obra pública. “Suponíamos que iba a pasar”, dijo. El titular de la organización explicó que “se cancelan aquellas licitaciones de obras que no comenzaron, no habrán nuevas licitaciones, y continuarán las que están en curso” “Están en un proceso muy complicado por la alta inflación y por atrasos en los pagos”, señaló.

Al ser consultado por futuros juicios por desacatos de obras en curso, dijo: “Si hay un contrato firmado y el Gobierno, o una de las partes, lo incumple, uno puede implantar una demanda en la Justicia, veremos caso por caso”. A su vez, agregó: “En muchos casos los contratistas de obras no empezadas optan por no liquidar, pero sin dudas uno puede recurrir a la Justicia”.

Además, advirtió que las obras que pueden hacerse son “muy pocas” en caso de que la infraestructura pase a ser de iniciativa privada, y que “el grueso de las obras no tiene interés económico para un privado”. Igualmente, aseguró que desde la Cámara de la Construcción están esperando a reunirse con el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro. “Tenemos buena relación”, aseguró, y añadió: “Cuando esté claro seguramente nos sentemos a hablar para que nos digan cómo van a ser estos próximos meses”.

Los anuncios de Caputo
El ministro de Economía de Javier Milei, Luis Caputo, anunció una fuerte devaluación del peso, anticipó recortes en el gasto público, una disminución “al mínimo de las transferencias a las provincias”, la paralización de la obra pública -con excepción de las que están en marcha-, la quita de subsidios al transporte y la energía, y un refuerzo de la ayuda social. Caputo grabó dos veces el mensaje y demoró su difusión.

“Las medidas tienen como finalidad neutralizar la crisis”, advirtió. y adelantó los anuncios:

No se renovarán los contratos laborales que tengan menos de un año de vigencia.
Se decreta la suspensión de la pauta oficial por un año.
Conforme a la Ley de Ministerios, las carteras pasan de 18 a 9 y las secretarías de 106 a 54: “Esto va a redundar en una reducción de más del 50% del gasto de la función pública”, analizó.
Reducción al mínimo de las transferencias a las provincias.
El Estado nacional no va a licitar obra pública y cancelará las que se haya licitado y hayan comenzado.
Reducción de los subsidios a energía y transporte. “Se pagan con inflación”, indicó.
Mantener los planes potenciar trabajo y mantener las políticas sociales sin intermediarios.
Dólar oficial a $800: “Vamos a sincerar el tipo de cambio oficial 800 pesos. Esto va a estar acompañado por un aumento provisorio del impuesto país a las importaciones y a las retenciones de las exportaciones no agropecuarias. Finalizada esta emergencia Vamos a avanzar en la eliminación de todos los derechos de importación, que entorpecen el desarrollo argentino”.
Sobre las importaciones, dijo: “Reemplazaremos el sistema de importaciones SIRA por un sistema estadístico y de información de importaciones que no requerirá de la información previa de licencias”.
También anunció que se duplicará la AUH y un 50% la Tarjeta Alimentar
LA NACION