Ley Ómnibus: dónde están las obras públicas que quedarían sin realizar si se aprueba el dictamen del oficialismo

Infobae relevó en este informe especial los proyectos sin avance físico y los que estaban en ejecución en todo el país al finalizar la gestión anterior. Reclamos de la oposición acuerdista y de gobernadores por el artículo que le da amplias facultades al Ejecutivo para revisar o rescindir contratos vigentes firmados antes del 10 de diciembre

El dictamen de mayoría que La Libertad Avanza finalmente logró aprobar en la madrugada del miércoles en el plenario de comisiones de Diputados, mantuvo la potestad del Poder Ejecutivo de renegociar o rescindir contratos vigentes con el Estado, entre los cuales se encuentran los de obra pública. El artículo 33 del texto original de la Ley Ómnibus había encendido alarmas en los gobernadores, entre otros motivos, por la posible paralización de obras financiadas por la Nación en sus provincias. A la preocupación de los mandatarios, se sumaron las objeciones de la oposición dialoguista por la amplitud de las facultades de revisión de contratos que le otorgaba al Presidente, el mensaje de “inseguridad jurídica” que daba, así como la litigiosidad que podría generar “por la responsabilidad contractual”.

Ese artículo 33 -que pasó a ser el número 28 en el dictamen que recogió 55 firmas del oficialismo y aliados- involucra, además de los contratos para la provisión de bienes y servicios, concesiones y construcción de obras públicas. Su alcance abarca tanto a las que están en ejecución como las que no tenían avance físico al finalizar la anterior gestión, pero que ya estaban licitadas. El argumento esgrimido por el gobierno de Javier Milei para revisar o rescindir los contratos es que le habrían “generado un perjuicio al Estado”. Si bien tanto los integrantes del PRO, como la UCR y el bloque de Hacemos Coalición Federal acompañaron con su firma en general, presentaron 34 disidencias parciales. Entre ellas, una referida a este artículo contenido en el capítulo VIII de Contratos Vigentes, que no está en el paquete fiscal que el ministro de Economía, Luis Caputo, informó que retirarán del dictamen.

El artículo referido a los Contratos Vigentes tuvo tres modificaciones en relación al original, a pedido de la oposición acuerdista. Por un lado, limitó los contratos sujetos a revisión o rescisión a los que “generen erogaciones significativas a cargo del Sector Público Nacional”, pero sin especificar qué monto se considerará “significativo”.

Texto del artículo 28 según fue redactado en el dictamen de mayoría que impulsa el oficialismo
Texto del artículo 28 según fue redactado en el dictamen de mayoría que impulsa el oficialismo
También incorporó, a pedido de la UCR, que exista un dictamen previo de la Procuración del Tesoro de la Nación y de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) antes de la posible rescisión o renegociación, y excluyó a los que cuenten con financiamiento internacional. Entre los bloques opositores acuerdistas apuestan a que, de acá a la sesión del martes, haya cambios. “Nuestras disidencias se las manifestamos al oficialismo en la inteligencia de que muchas se resolverán antes de llegar al recinto”, le dijo Cristian Ritondo, jefe de esa bancada, a Infobae.

En línea con lo reclamado por los diputados dialoguistas, la reescritura del artículo limitó el alcance de la revisión de los contratos firmados antes del 10 de diciembre, excluyendo suministros, compraventa y consultorías, entre otros. Pero mantuvo las concesiones y licitaciones de obra pública. Ante el pedido opositor de “una versión más acotada”, el oficialismo prometió una nueva versión del artículo que estaría este fin de semana. En la oposición dialoguista mantienen la cautela y están a la espera de una nueva versión antes de la sesión. De hecho, el viernes circuló un borrador no oficial con una reescritura de ese artículo que incorporó “respetar los derechos adquiridos de los contratistas”.

En la Coalición Cívica (CC) directamente no incluyeron ese artículo en el dictamen de minoría que decidieron presentar por su lado. “Es muy amplia e indeterminada su redacción, más allá de que podría haber casos en que hay que renegociar contratos, pero con alguna garantía de que sea en beneficio de la administración. De hecho, excluyeron los contratos de consultoría que es algo que muchas veces esconde actos de corrupción”, sostuvo Juan Manuel López, presidente del bloque de la CC ante Infobae.

Las obras que quedarían frenadas
Según el análisis realizado por Infobae del Mapa de Inversiones on line implementado por el ex Ministerio de Obras Públicas, el total de obras públicas durante la anterior gestión asciende a 7.276 en todo el país financiadas por el Gobierno nacional. El número incluye a las de AySA, Vialidad Nacional, Corredores Viales SA, el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) y la Dirección Nacional de Infraestructuras del Transporte, entre otros organismos. De esa cifra, 4.494 ya estaban finalizadas al terminar la gestión anterior, según informaron desde esa cartera a cargo de Gabriel Katopodis hasta el 10 de diciembre de 2023.

Otras 2.185 obras estaban en ejecución, con una inversión prevista de $309.899 millones. Sin embargo, 435 no tenían avance físico, o sea no habían comenzado las obras al 6 de diciembre último, según los datos publicados en ese sitio web oficial. Son las que, desde La Libertad Avanza, habían adelantado que el Estado no llevaría adelante por falta de recursos, pese a haber sido licitadas. Quedan exceptuadas las 10 en ejecución que contaban con financiamiento externo.

Al pararse sobre cada departamento, se informa la cantidad de proyectos, y al hacer click se despliega el detalle

De esa cifra, 132 están ubicadas en la Provincia de Buenos Aires; 36 en Córdoba; 26 en Santa Fe; 25 en Entre Ríos; 24 en Chaco; 23 en Santa Cruz; 22 en Misiones; 21 en Santiago del Estero; 17 en Tucumán; 15 en Salta; 13 en Chubut, 11 en Catamarca. Excepto Córdoba, el resto tenían mandatarios peronistas o aliados hasta el 10 de diciembre.

Otras 11 están localizadas en Corrientes; 10 en Mendoza; 8 en La Rioja; 6 en Jujuy, en Neuquén, en Río Negro y en San Juan; 5 en CABA; 4 en San Luis; 3 en Formosa y en La Pampa; y 2 en Tierra del Fuego.

Casi la tercera parte (150) de las obras que no tienen avance físico son del sector de agua y cloacas, cuyo futuro quedó en stand by. En su mayoría (66) están ubicadas en la provincia de Buenos Aires. Otras 82 obras de arquitectura están sin avance y van desde playones deportivos y parques urbanos, hasta una unidad penitenciaria en el Gran Buenos Aires, y 21 centros de desarrollo infantil (CDI), de los cuales 9 están en Chaco, 4 en Misiones y el resto en distintas provincias del país.

A su vez, hay 82 obras viales cuya construcción no había arrancado al momento del cambio de gobierno; 70 de equipamiento urbano, 15 de educación, 12 de vivienda y 8 de recursos hídricos. Por último, 3 del área de la Salud no habían arrancado y todo indicaría que el Estado no va a financiar: un centro de salud modular en CABA, otro La Rioja y el tercero en Santa Cruz.

Ante la consulta de Infobae, fuentes de la cartera de Infraestructura señalaron el jueves por la tarde – poco antes del despido de Ferraro – que “la idea” que se evalúa es que sean nuevamente licitadas y financiadas por el sector privado.

En el Mapa de Inversiones figuran, además, 597 obras rotuladas “en circuito”. Según explicaron en la ex cartera de Obras Públicas, “estaban por comenzar en los siguientes 15 a 30 días”. Varias registraban algún grado de ejecución. “Los proyectos aprobados tenían ya los impactos ambientales realizados, y la confirmación del municipio de que se puede hacer tal obra, en un determinado lugar. Hay un montón de pasos previos administrativos para que la obra esté lista para empezar con los trabajos en el lugar”, explicaron fuentes de la ex cartera de Obras Públicas. Finalmente, otras 197 obras no tenían, al 10 de diciembre pasado, avance financiero, o sea los anticipos de fondos públicos requeridos para su continuidad.

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En su exposición ante el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados el 11 de enero, el ahora ex ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, había relativizado el supuesto parate en la obra pública. “Durante el 2024, vamos a terminar todas las obras que están en ejecución, priorizando las que están en mayor grado de avance. Vamos a seguir ejecutando todo lo que es obra financiada por organismos multilaterales porque están financiadas. Hay vocación de los organismos de ampliar los préstamos para mitad de año”.

En la práctica, la cartera de Economía tiene pisadas las partidas para las obras que estaban en ejecución. El viernes último, al día siguiente de que se conociera la salida de Ferraro, el secretario de Obras Públicas, Luis Giovine, tenía previsto reunirse con empresas constructoras para hacer una presentación de las obras en curso y cuáles iban a priorizar su puesta en marcha, pero la reunión se suspendió sin nueva fecha confirmada.

Dentro de las casi 2.200 obras en ejecución al momento del cambio de gobierno,106 estaban financiadas por organismos internacionales, incluidas las que estaban “en circuito”: 35 son del sector agua y cloacas, 17 de arquitectura, 40 de educación, 4 de equipamiento urbano, 7 obras viales, 2 de recursos hídricos y 1 de salud. En cuanto al origen de los fondos, 45 de ellas están financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); 46 por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF); 9 por el Banco Centroamericano de Integración Económica; 5 por el Banco de Desarrollo, anteriormente conocido como Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata; y una por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.