IRSA avanza con un megaproyecto de u$s2.000 millones en Costanera Sur y va a audiencia ambiental

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires convocó a una audiencia pública virtual para el 22 de junio a las 12:30 horas con el objetivo de debatir las modificaciones al Certificado de Aptitud Ambiental (CAA) del proyecto Costa Urbana, que IRSA impulsa sobre 71 hectáreas en la Costanera Sur, sobre el predio que fue la Ciudad Deportiva de Boca Juniors.

El emprendimiento, comercializado como Ramblas del Plata, contempla una inversión estimada en u$s2.000 millones a largo plazo y se desarrollará en tres etapas a lo largo de los próximos 10 años. El 67% del predio —entre 47 y 50 hectáreas— quedará como espacio público, incluyendo 35 hectáreas de parques, calles, boulevares y un paseo costero de 12.000 metros lineales frente al río.

La superficie edificable alcanzará aproximadamente 895.000 metros cuadrados de construcción, con torres de hasta 145 metros de altura (unos 45 pisos). El programa incluye entre 6.000 y 6.500 unidades de vivienda, 36.000 metros cuadrados de locales comerciales, oficinas, un hotel de lujo y establecimientos educativos. El precio de preventa arranca en u$s4.000 por metro cuadrado. La primera fase ya recaudó más de u$s80 millones con la venta de los primeros 14 lotes, y las primeras viviendas estarían disponibles hacia 2028.

IRSA acordó aportar unos u$s250 millones en concepto de valor de tierra cedida y contribuciones a fondos de desarrollo urbano. El proyecto también proyecta 10.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos.

La actualización del CAA se debe a ajustes en la infraestructura hídrica, cambios en el orden de construcción de torres y espacio público, y nuevas medidas para reducir el impacto operativo. El proyecto también debe garantizar que la elevación del terreno no afecte el escurrimiento en zonas aledañas.

Organizaciones ambientalistas advierten sobre posible fragmentación de la Reserva Ecológica Costanera Sur, la capacidad de las redes de servicios para absorber la nueva demanda, y el acceso efectivo al frente ribereño. Sin la aprobación del nuevo CAA, el avance de las obras podría judicializarse.