Proyecto de desregulación inmobiliaria en Argentina: matrícula, honorarios y corretaje digital en debate

El Gobierno nacional avanza con un proyecto de desregulación del corretaje inmobiliario que ingresaría al Congreso durante junio. La iniciativa, impulsada desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, propone cambios estructurales en el funcionamiento del sector y ya genera un fuerte enfrentamiento entre cámaras empresariales y colegios profesionales.

Entre los puntos centrales del borrador se destacan:

• Eliminación de la exigencia del título universitario y de la matrícula obligatoria para ejercer el corretaje.
• Habilitación a personas humanas y jurídicas para actuar como corredores.
• Liberalización de honorarios y comisiones, sin pisos mínimos ni topes máximos.
• Posibilidad de ejercer simultáneamente con otras profesiones o actividades lícitas.
• Habilitación expresa para operar mediante plataformas digitales, aplicaciones móviles y entornos virtuales.
• Declaración de que el corretaje no podrá quedar sujeto a restricciones que generen barreras de entrada o distorsiones de mercado.

Desde los colegios inmobiliarios rechazan el proyecto y cuestionan su constitucionalidad. Sostienen que la habilitación y matriculación profesional es una potestad provincial no delegada a la Nación, y que el corretaje involucra responsabilidades patrimoniales, documentales y contractuales que no pueden reducirse a una actividad comercial simple. Según datos de las entidades, más del 95% de las operaciones del país se concretan con participación de corredores matriculados.

Del otro lado, la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI) respalda la desregulación y propone reemplazar los controles colegiados por seguros obligatorios de responsabilidad civil y mecanismos de arbitraje de consumo. Argumentan que la matrícula obligatoria funciona como una barrera artificial que reduce la oferta y mantiene altos los costos de intermediación.

El debate también expuso diferencias dentro del propio oficialismo: una postura pública expresada en 2023 por la actual senadora nacional de La Libertad Avanza valoraba el rol de los colegios como entidades ‘ordenadoras del mercado’, en contraposición con el enfoque del proyecto en curso.