Nueve provincias podrán concesionar por peaje tramos de rutas nacionales por hasta 30 años

El Poder Ejecutivo nacional autorizó a las provincias de Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz a otorgar concesiones de obra pública por peaje en tramos de rutas nacionales ubicados dentro de sus respectivas jurisdicciones. La medida quedó formalizada mediante el decreto 253, publicado en el Boletín Oficial.

Bajo este esquema, las provincias podrán asumir la administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de los tramos nacionales involucrados. Sin embargo, el Estado nacional conserva la titularidad de las vías y se reserva la facultad de reasumir la gestión en cualquier momento.

El decreto establece que la delegación tiene ‘carácter funcional, limitado, temporal y revocable’, y aclara que no implica transferencia de dominio público ni de jurisdicción federal sobre los tramos viales. Para avanzar, cada provincia deberá firmar un convenio con la Dirección Nacional de Vialidad y presentar un plan de obras, el esquema de financiamiento y las condiciones económicas de la concesión —incluyendo tarifas de peaje y plazos—, sujeto a aprobación de la Secretaría de Transporte.

Una vez aprobados los convenios, los gobiernos provinciales contarán con un plazo máximo de un año para iniciar el proceso de selección de concesionarios. El incumplimiento de los plazos de convocatoria o adjudicación provocará el decaimiento automático de la delegación sobre el tramo en cuestión.

Las concesiones podrán extenderse hasta 30 años. El decreto también establece que los ingresos generados por cada tramo deberán destinarse exclusivamente al corredor concesionado, sin posibilidad de afectarlos a otras obras, aunque exista vinculación física o técnica.

En cuanto al alcance de la delegación, las provincias habilitadas podrán aprobar pliegos y documentación licitatoria, realizar convocatorias, conducir el proceso de selección del concesionario, adjudicar y firmar contratos. Las jurisdicciones no incluidas en el decreto podrán solicitar su incorporación al Ministerio del Interior.